Tras escándalos de seguridad como los de SolarWinds y Colonial Pipeline, la Casa Blanca decidió convertir la seguridad del software en una prioridad a través de una orden ejecutiva emitida en mayo de 2021. Más recientemente, la institución ha decidido unir fuerzas con la Open Source Security Foundation (OpenSSF) y The Linux Foundation para pedir 150 millones de dólares con los que financiar durante los próximos dos años la resolución de los mayores problemas de seguridad del código abierto.
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